La seguridad privada dejó de ser un “servicio complementario” para convertirse en un eje estratégico de la protección ciudadana. Así lo reconoce la nueva Ley N° 21.659, que entró en vigencia recientemente y está reconfigurando por completo el panorama para guardias, empresas y fiscalizadores en todo el país.
La normativa no solo establece un marco legal más riguroso, sino que también redefine el rol de los servicios privados de seguridad, asignándoles responsabilidades claras en la prevención de riesgos, la coordinación con autoridades públicas y la protección en contextos de alta concurrencia, como conciertos, partidos y ferias.
Uno de los aspectos clave es la exigencia de formación acreditada para los trabajadores del sector. Desde ahora, ningún guardia podrá operar sin certificación formal emitida por entidades reconocidas por el Estado. Además, las empresas deberán registrar a todo su personal en una base de datos nacional, lo que permite trazar y fiscalizar su desempeño en tiempo real.
La ley también contempla un reglamento especial para eventos masivos, en el que se detallan protocolos de control de acceso, respuesta ante emergencias y coordinación con Carabineros y Bomberos. Esta medida busca evitar improvisaciones que, en el pasado, costaron incidentes graves e incluso vidas humanas.
Desde el Ejecutivo, se ha señalado que el objetivo es elevar la seguridad sin militarizar los espacios civiles. La subsecretaria Carolina Leitao enfatizó que “la seguridad privada debe ser profesional, transparente y estar al servicio de la comunidad, no actuar en su propio margen”.
Pero no todo es ley y orden. La entrada en vigor de esta normativa ha supuesto un verdadero desafío para cientos de pequeñas empresas del rubro, que ahora deben invertir en capacitación, reestructuración interna y tecnología para cumplir con los nuevos requisitos. Algunas ya han solicitado asistencia estatal para evitar su cierre.
Este nuevo modelo de seguridad privada representa un paso hacia la profesionalización del sector, en un contexto donde la seguridad ciudadana exige respuestas modernas, eficientes y bajo control público. El desafío está en la implementación… y en no perder el foco: proteger sin excederse, servir sin desaparecer.
