Los últimos episodios de violencia en recintos deportivos encendieron las alarmas en el gobierno, que ha respondido con una ofensiva legislativa y operativa centrada en la seguridad privada. El eje de este nuevo enfoque es la implementación de una ley que regula con mayor rigor el rol de empresas y personal de seguridad en espectáculos masivos.
Con la entrada en vigor de esta normativa, los guardias privados deberán cumplir con estándares más altos de formación, acreditación y control. Las empresas encargadas de resguardar eventos como partidos de fútbol o conciertos estarán obligadas a seguir protocolos certificados y someterse a fiscalización directa del Ministerio del Interior, bajo riesgo de sanciones millonarias.
El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, ha sido enfático en que “la seguridad es tarea de todos” y ha convocado a clubes deportivos, organizadores y municipalidades a redoblar esfuerzos para garantizar ambientes familiares y libres de violencia.
Además, se han reforzado los planes de seguridad con mejoras en la vigilancia por cámaras, control de accesos y respuesta ante emergencias. La apuesta es clara: profesionalizar la seguridad privada como aliada del orden público, sin reemplazar el rol de Carabineros, pero sí complementando su presencia con responsabilidad y preparación.
Este nuevo marco busca devolver la tranquilidad a los hinchas y asistentes, y convertir cada evento en una experiencia segura, no una amenaza latente. La seguridad privada ya no será un complemento informal, sino una pieza clave en el ecosistema de prevención.
