La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las prioridades centrales del gobierno chileno, que esta semana detalló nuevas medidas para fortalecer su estrategia de combate al crimen. En el corazón de esta ofensiva está el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito 2022–2026, que busca modernizar la prevención, respuesta y control del delito a lo largo del país.
Uno de los anuncios más relevantes es el aumento del presupuesto de seguridad para 2025. El gobierno destinará más recursos a la contratación de nuevos policías, mejorará la infraestructura carcelaria y apostará por tecnologías avanzadas como cámaras inteligentes, sistemas de análisis predictivo y plataformas de monitoreo urbano en tiempo real.
Pero la ofensiva no se limita al plano nacional. Varias municipalidades, entre ellas Santiago, han comenzado a implementar planes comunales de seguridad pública, con una mirada más cercana a las necesidades y preocupaciones de cada barrio. Estos planes incluyen acciones preventivas, fortalecimiento de la seguridad comunitaria y participación activa de vecinos y organizaciones sociales.
La combinación de una estrategia estatal robusta con respuestas locales personalizadas busca no solo reducir las tasas de criminalidad, sino también mejorar la percepción de seguridad de los chilenos, uno de los desafíos más complejos en la agenda pública actual.
