Chile ha dado un paso clave para modernizar su sistema de seguridad con la entrada en vigor de la Ley N° 21.659, una normativa que regula de manera integral la actividad de la seguridad privada, un sector que en los últimos años ha crecido en tamaño, pero también en complejidad y cuestionamientos.
Promulgada en septiembre de 2024, esta ley responde a la necesidad de establecer un marco legal claro para una industria que, hasta ahora, operaba con altos grados de informalidad. El nuevo texto legal establece requisitos específicos para las personas y empresas que deseen prestar servicios de seguridad privada, incluyendo certificaciones, acreditación de competencias y evaluaciones psicológicas. Además, crea un registro nacional obligatorio de empresas y guardias autorizados, lo que permitirá a la autoridad contar con información actualizada y trazable.
Uno de los pilares de esta legislación es el fortalecimiento del rol fiscalizador del Estado. La Subsecretaría del Interior será la encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa, aplicando multas que pueden llegar a las 1.000 UTM (unos $66 millones de pesos) en casos de infracción grave. También se faculta a la autoridad para suspender o revocar autorizaciones en caso de reiterados incumplimientos.
La ley establece nuevas reglas para el uso de uniformes, armamento y vehículos, diferenciando claramente a los guardias privados de las fuerzas policiales. Esta medida busca evitar confusión ante la ciudadanía y prevenir situaciones en que actores privados actúen fuera de sus atribuciones.
Según datos del gobierno, más de 80.000 personas trabajan actualmente en el rubro de la seguridad privada en Chile. Con esta nueva legislación, se espera no solo ordenar y profesionalizar el sector, sino también garantizar que estas actividades se desarrollen bajo un estricto respeto a los derechos fundamentales y con un rol complementario, pero no sustitutivo, al de las policías.
La implementación de la ley se desarrollará en distintas fases, permitiendo que las empresas se adecuen a las nuevas exigencias. El gobierno ha asegurado que brindará apoyo técnico para facilitar la transición, especialmente a las pymes del rubro.
Con esta reforma, Chile busca alinear su sistema de seguridad privada con los estándares internacionales, promoviendo un modelo más transparente, profesional y bajo mayor control público. En tiempos donde la seguridad es una preocupación creciente, una regulación efectiva del sector privado aparece como una pieza clave del nuevo ecosistema de seguridad ciudadana.
