En un contexto de creciente preocupación por el crimen organizado y los delitos violentos, el gobierno chileno ha intensificado sus esfuerzos para devolver la seguridad a sus ciudadanos. El plan «Calles Sin Violencia», lanzado recientemente, ha sido una de las piezas clave de esta ofensiva. Su enfoque combina operativos policiales focalizados, control territorial en zonas críticas y la creación de unidades especializadas para investigar homicidios y redes criminales complejas.
La estrategia ya empieza a rendir frutos: en Valparaíso, una de las ciudades priorizadas por el plan, los homicidios se redujeron un 30% desde su implementación, según datos oficiales. Este resultado ha sido interpretado como una señal de que el enfoque territorial y coordinado puede marcar la diferencia en los barrios más golpeados por la delincuencia.
A nivel institucional, Chile concretó un cambio estructural de fondo con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que comenzó a operar en abril de 2025. Esta nueva cartera busca mejorar la coordinación entre Carabineros, la Policía de Investigaciones y las autoridades municipales, centralizando la toma de decisiones en materia de seguridad. El objetivo es enfrentar el crimen con una estrategia unificada y basada en evidencia, algo que diversas voces venían exigiendo desde hace años.
El combate a la delincuencia también ha tomado fuerza en el nivel local. La alcaldesa de San Miguel, Érika Martínez, ha impulsado un conjunto de medidas que incluyen la adquisición de nuevos vehículos para patrullajes, la formación de patrullas mixtas con Carabineros y el fortalecimiento de programas de mediación comunitaria. Su enfoque busca prevenir el delito con una mayor presencia territorial y una participación activa de la comunidad.
En conjunto, estas acciones representan un cambio significativo en cómo el país enfrenta el desafío de la inseguridad. Si bien queda camino por recorrer, el giro hacia políticas integradas y territorializadas marca un precedente para el resto del país.
