En un movimiento que marca un antes y un después en la forma en que Chile enfrenta la delincuencia, el país ha inaugurado oficialmente su Ministerio de Seguridad Pública. Con funciones operativas desde abril de 2025, esta nueva cartera busca concentrar y articular la política nacional de seguridad, enfrentando con mayor eficacia fenómenos complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
El Ministerio no solo tendrá un rol directivo sobre Carabineros y la Policía de Investigaciones, sino que también coordinará acciones estratégicas junto a la Agencia Nacional de Inteligencia y otros organismos de control. Su creación responde a una necesidad largamente expresada por expertos y autoridades: contar con una estructura dedicada exclusivamente a la seguridad, fuera de las lógicas del Ministerio del Interior.
Este nuevo enfoque viene acompañado de un presupuesto histórico para el año 2025, donde el gasto en seguridad pública aumentó en un 2,7%. Los recursos permitirán la contratación de miles de nuevos policías, modernización de cárceles y la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas para la prevención del delito, incluyendo sistemas de videovigilancia inteligente y plataformas de análisis de datos.
Paralelamente, las municipalidades están asumiendo un rol más protagónico en la prevención del delito. A través de planes comunales de seguridad, como los aprobados en Valparaíso y Santiago, se busca diseñar estrategias adaptadas a las realidades de cada territorio, con participación ciudadana y enfoque en la prevención temprana.
Esta articulación entre lo nacional y lo local, entre lo institucional y lo comunitario, promete transformar de raíz el modelo de seguridad chileno. La gran incógnita ahora es si estas apuestas lograrán no solo contener el delito, sino también devolver a la ciudadanía la confianza perdida en su capacidad de vivir tranquila y segura.
